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La burocracia frena la puesta en marcha de dos equipos oncológicos donados por Amancio Ortega en Valencia

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Uno de los diez equipos de protonterapia -los tratamientos más avanzados contra el cáncer- por valor de 280 millones de euros que la Fundación Amancio Ortega ha donado al Ministerio de Sanidad recaerá en Valencia. Una técnica menos agresiva en tumores de difícil acceso y que reduce los tratamientos innecesarios en tejidos sanos, pero que hasta ahora solo podían seguir los pacientes de dos hospitales privados en España.

No es la primera vez que Ortega cede de forma altruista equipos oncológicos a la Comunidad Valenciana, aunque en algunos casos ha habido retrasos ligados a la burocracia, por parte de las distintas Administraciones públicas, que han dejado inutilizados durante años estos equipamientos punteros en la lucha contra la enfermedad.

El de Torrent es uno de ellos. La fundación del dueño de Inditex donó casi 30 millones de euros a la Generalitat en 2017 para la compra de una treintena de aparatos médicos. Un equipo de resonancia magnética y un TAC se destinaron al Centro de Especialidades de la localidad valenciana, por lo que se hacía necesario ampliar las instalaciones con una nueva edificación en un solar contiguo y reformar la planta baja de las actuales.

La Conselleria de Sanidad anunció que las obras comenzarían en abril de 2018, para más tarde retrasar su previsión a 2020. Finalmente, los trabajos han comenzado este mes de octubre, cuatro años después, con la promesa de que el centro esté operativo a principios de 2022.

Una situación similar a la que se vive con la máquina dotada de un sistema de radiocirugía con bisturí de rayos gamma y destinada al Hospital Clínico de Valencia en un paquete de donaciones que la misma fundación hizo a finales de 2019.

En mayo de 2021, más de un año después, todavía no se había podido utilizar por la falta de licencia de obras del Ayuntamiento de la ciudad -Compromís y PSPV-, puesto que la instalación de este equipamiento valorado en 3,5 millones de euros también requería cambios en el centro sanitario. La documentación de Sanidad se traspapeló en el consistorio valenciano, que se comprometió a tener lista la autorización antes de que acabe el año.