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En defensa del Estado

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Le Carré escribió que «los servicios secretos eran la única medida válida de la salud política de una nación». Esta cita es hoy más pertinente que nunca, porque la calidad democrática de un Estado se mide también por los servicios de Inteligencia, que son un pilar esencial sobre el que se construye la identidad de un sistema político. Nacen para erigirse en guardianes de la seguridad y de los intereses nacionales, poniendo a disposición del gobernante, información necesaria, analizada de la forma adecuada, como punto de apoyo básico para su proceso decisorio.

El Centro Nacional de Inteligencia se sostiene bajo los principios de legalidad propios de una democracia constitucional, para satisfacer necesidades de conocimiento y desarrollar propósitos cardinales del Estado. Para ello cuenta con una armadura institucional que protege como es debido, no sólo a los ciudadanos, sino a los propios órganos de Inteligencia. La Ley 11/2002, reguladora del Centro, y la Ley Orgánica 2/2002, reguladora del control judicial previo del CNI, son el marco normativo que garantiza, desde un marco de separación de poderes, los derechos y libertades fundamentales. El control político (Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia), parlamentario (Comisión de control del Congreso), económico (Tribunal de Cuentas) y judicial previo (Magistrado adscrito del Tribunal Supremo) garantizan un funcionamiento perfectamente constitucional.

Está muy claro que el CNI es un órgano al servicio del Estado y no una herramienta a disposición política del Gobierno. De hecho, la utilización partidista y sesgada de nuestro servicio de Inteligencia por parte del Poder Ejecutivo hace tambalearse el principio de legitimidad política.

No estamos ante temas menores, sino ante asuntos muy graves. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez, preso de sus pactos con auténticos y voraces enemigos del Estado, ha sentado dos graves precedentes. Uno ha sido la dejación en la utilización del control político a través de la Comisión Delegada, que tiene como misión establecer las prioridades de Inteligencia en su directiva anual. El segundo, que inunda la actualidad al haberse mezclado con las denuncias de un sector del independentismo que lleva tiempo sin aceptar el acatamiento y cumplimiento de la Ley, ha sido la divulgación de información protegida por la Ley 9/1968, sobre secretos oficiales, al publicitar la intromisión en las comunicaciones del presidente y la ministra de Defensa. El tercero, sería el cese de su anterior responsable para contentar a quien nunca se va a sentir satisfecho mientras no consiga la ruptura del Estado.

Pero junto a la destitución de Paz Esteban, el auténtico escándalo del llamado caso Pegasus es un Gobierno que utiliza frívolamente un instrumento diseñado para proteger la democracia, dañando la confianza de todos en un organismo ejemplar conformado por oficiales que dedican su vida, arriesgándola, a la defensa del Estado, la seguridad de la nación y la libertad de los españoles.

Sánchez inició contra un gobierno del Partido Popular una moción de censura que luego, en compañía de otros, ha prolongado contra el resto de poderes e instituciones del Estado. El CNI es la enésima prueba de ello, porque no es verdad que haya pasado de la Paz a la Esperanza.

Enrique López es Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.